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Arturo Zárate Vite
Todo parece indicar que el Senado volverá a incurrir en falta de respeto para grupo de abogados aspirantes a magistrados electorales locales. Más de 200 se apuntaron para competir por 21 vacantes en 18 estados, para el cargo de “magistrado de órgano jurisdiccional local en materia electoral”.
Ya comparecieron ante integrantes de la Comisión de Justicia de dicha cámara y cumplieron con los requisitos constitucionales y legales. Nada más que ninguno de ellos, después de dos periodos ordinarios de sesiones septiembre-diciembre 2021 y febrero-abril 2022 ha sido votado, aprobado al menos por las dos terceras partes de los asistentes al pleno, como lo señala la norma. Los grupos parlamentarios no lograron ponerse de acuerdo.
El futuro de estos aspirantes es incierto, porque la propuesta constitucional de reforma electoral enviada por el Ejecutivo al poder legislativo, desaparece su estructura, para ser absorbida por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con el argumento de reducir la burocracia, simplificar el proceso para llegar a resoluciones definitivas y disminuir gasto, se eliminaría la figura de magistrado local en materia electoral. Nada más quedarían magistrados de salas regionales y magistrados de la sala superior.
No es la última palabra, porque falta se apruebe la iniciativa presidencial. La discusión en la Cámara de Diputados, como cámara de origen, estaría prevista para el periodo ordinario que arranca en septiembre próximo.
El Senado ha quedado mal, en ocho meses no ha sido capaz de ponerse acuerdo para aprobar 21 nombramientos.
Historia similar se vivió con 18 abogados aspirantes a magistrados administrativos anticorrupción, propuestos (abril 2017) en el gobierno de Enrique Peña. Nunca fueron aprobados en Senado con mayoría priísta. 13 optaron por declinar y los otros 5 dieron sin éxito la pelea legal. Llegó en el 2018 nuevo gobierno y acabó con ese esquema que le pareció burocrático, costoso y nada efectivo.
Ahora, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, secretaria de la Comisión de Justicia, entrevistada por este espacio, reconoce y lamenta que los legisladores, hasta la fecha, no hayan hecho la tarea en el caso de los aspirantes a magistrados locales electorales. Las vacantes, de manera transitoria, han sido ocupadas por secretarios de acuerdo de los tribunales, en los términos establecidos por la normatividad del poder judicial.
En el Senado, donde se presume que son muy buenos para negociar y acordar, no lograron consenso para el nombramiento de estos magistrados. Nada más entrevistaron y revisaron perfiles de aspirantes.
De prolongarse el retraso, advierte la senadora Indira San Román, existe riesgo de crisis en impartición de justicia electoral, porque en próximas semanas, habría más vacantes.
Para que estas historias no se repitan, recomienda legislar y establecer plazos fatales, aunque no tiene claro qué sanción proponer si los senadores incumplen su trabajo.
Independientemente del destino que tenga la iniciativa de reforma electoral, mientras no cambie la ley y por respeto a quienes atendieron la convocatoria para buscar nueva responsabilidad, corresponde al Senado (en receso, volverá a sus actividades ordinarias hasta septiembre) procesar el nombramiento de magistrados locales.
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