Glorieta de Colón
Alejandro Lelo de Larrea
Hay que tener mucho cuidado. Más si eres periodista y estás haciendo tu labor en calles de la Demarcación Benito Juárez. Y peor si t89lñe topas con policías que forman parte de la llamada “Blindar BJ”, compuesta fundamentalmente por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), así como de la Policía Auxiliar.
Es claro que esos elementos no tienen la formación correcta para determinar si existe la flagrancia de un delito, porque su preparación es más para vigilar instalaciones tipo plazas comerciales y tiendas departamentales que para la seguridad pública, lo que pone en riesgo a ciudadanos inocentes, pero también la libertad de expresión y de prensa, como ya ocurrió.
Es el caso de lo ocurrido el 30 de diciembre, cuando elementos de “Blindar BJ” se llevaron detenido al fotoperiodista de la británica Agencia Reuters, Edgar Garrido, por el terrible delito de tomar fotografías en el exterior (o sea vía pública) de una clínica pública de salud ubicada en la esquina de Rembrandt y Juan Augusto Ingres, colonia Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez.
Garrido capturaba imágenes de la enfermera C. María Fernanda Sánchez Amador (servidora pública, en vía pública) atendiendo a la gente. Ella se quejó, imagínese, de que era víctima de “acoso sexual”. Pidieron la presencia policial, y llegaron elementos de “Blindar BJ”, quienes sin criterio, cual si fuera un “fardero” de las tiendas que comúnmente vigilan, no tuvieron capacidad de valorar que no existía delito alguno. Por su impreparación y falta de criterio, llevaron a un inocente al Ministerio Público.
La autoridad ministerial, por cierto, tampoco actuó de manera correcta, pues aunque los tripulantes de la unidad M61-BGD (“Blindar BJ”) lo presentaron por “acoso sexual”, debieron haberlo dejado en libertad de inmediato, pues no había tal delito.
Afectaron a un inocente
“Fotografiar a una persona no es acoso sexual. Este delito se integra cuando alguien solicita a otra persona favores sexuales para sí o para otra persona, o realiza un acto de naturaleza sexual indeseable para la persona que lo presencia, y se castiga con de 1 a 3 años de prisión. Pero como es tema de carácter sexual, esa persona señalada o acusada puede pasar meses privado de la libertad”, nos dice el abogado Gabriel Regino.
Esto nos muestra lo peligroso de una policía mal capacitada con tanto poder como “Blindar BJ”, que por cierto calificó en su informe a Garrido como “supuesto reportero”, a pesar de que se identificó con su credencial de la Agencia Reuters y su pasaporte, pues es originario de otro país. El Ministerio Público también muy mal. Afectaron la vida de un inocente.
Como era obvio, la enfermera ya no ratificó su denuncia, porque no tenía prueba alguna. Y por supuesto Garrido quedó en libertad. El daño a su libertad de prensa ya estaba hecho. Y los responsables, tanto los elementos de “Blindar BJ”, como el Ministerio Público de la CDMX, impunes hasta hoy, lo mismo que quien lo difamó.
Lo que hicieron los elementos de “Blindar BJ” fue una afrenta para el periodismo libre, un golpe a la libertad de expresión, que enciende los focos rojos sobre lo que pasa en la Benito Juárez, capital de México, y para las autoridades de esa Demarcación Territorial y del propio gobierno de la CDMX.
Ojalá el alcalde de la Benito Juárez, el panista Santiago Taboada, revise a fondo y contraten elementos bien preparados para “Blindar BJ”, pues de lo contario este plan constituye más un riesgo latente que un beneficio para los ciudadanos.
En un comunicado, la Alcaldía Benito Juárez prometió revisar los protocolos de los elementos de «Blindar BJ». Estaremos pendientes de que lo hagan y no quede en un mero boletín de prensa para salir del paso ante una crisis política con implicaciones internacionales. Lo veremos.
El preso político de AMLO
Actualización del caso José Manuel del Río Virgen, preso político del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien usó al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para golpear las aspiraciones presidenciales del senador Ricardo Monreal.
Familiares de Del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, denunciaron a Francisco Reyes Contreras, juez de control del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, por violaciones al debido proceso y al principio de presunción de inocencia en el encarcelamiento de su padre.
En una carta enviada a los medios de comunicación, José Manuel, Óscar y María del Río calificaron de injusta la resolución que vincula a su padre José Manuel del Río Virgen en el supuesto homicidio en contra de Remigio Tovar y aseguran que Del Río Virgen es acusado a partir de conjeturas; no existen testimonios de personas que lo vinculen con el asesinato.
Refieren que en la audiencia, el juez de control Francisco Reyes Contreras, reconoció y resolvió que en la carpeta de investigación no existe ninguna prueba que lo señale como el autor intelectual del homicidio.
De ese tamaño las violaciones a la Constitución por parte del gobernador García.
