CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo, (CDMX MAGACÍN).— Los abogados de los 4 funcionarios suspendidos e imputados de la alcaldía Cuauhtémoc, señalaron que el Tribunal Superior de Justicia capitalino podría incurrir en un acto de inconstitucionalidad si retiene el video de la audiencia de vinculación a proceso de Sandra Cuevas, separada de la titularidad de la demarcación.
La asesoría jurídica de los imputados, acusó a personal de la Unidad de Gestión Judicial que a cinco días de que se realizó la solicitud, no ha sido posible obtener la copia y ello retrasa la presentación del recurso de apelación, cuyo plazo vence este miércoles.
La abogada Ana Cecilia Pérez, sostuvo este retraso es atípico, y que no ha visto un caso similar en el Poder Judicial.
Sin embargo, recordó que Sandra Cuevas, es una persona ligada al medio político y eso no debe influir, lo mismo que otros tres implicados, pues la justicia es horizontal y para todas y todos.
«Nos encontramos afuera de la Unidad de Gestión Judicial número 8, en sede del Reclusorio Norte, esperando la copia de la audiencia que se llevó a cabo el pasado jueves 17 de marzo, referente a Sandra Cuevas, ya que los imputados tienen un derecho de defensa, el cual es acudir a la segunda instancia, en ese caso la apelación y hoy se vence ese término para impuganar.
«No podemos dar seguimiento a dicho trámite si ese audio y video; el mismo Tribunal lo sabe y nos tiene esperando desde el jueves pasado, y también el día viernes, y nos tuvieron horas esperando y tampoco se pudo entregar, ayer estuvimos más de seis horas esperando y nos aluden problemas en el sistema de la unidad de audio y vídeo y nos dijeron que seguro hoy nos la entregan; desde las 9 de la mañana estamos aquí esperando y siguen sin darnos respuesta alguna», indicó la litigante.
De no obtener al copia de video a tiempo, la defensa tiene la posibilidad de recurrir al consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, para exponer el caso, así como a la Fiscalía General de Justicia capitalina para denunciar posibles delitos de servidores públicos, ya que la negativa o el aplazamiento para entregar dicha copia, perjudica directamente a la imputada y su derecho constitucional de apelar y recurrir a una segunda instancia.