CIUDAD DE MÉXICO, 24 de julio, (CDMX MAGACÍN). –En el marco del análisis de la reforma al Poder Judicial de la Federación, la Comisión Permanente del CDMX exhortó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a implementar acciones para evitar los casos de corrupción.
El diputado Alberto Martínez Urincho (Morena), expuso que se busca que el CJF integre una comisión interna que dé seguimiento a los procesos emblemáticoso de litigio estratégico que se desarrollen en su ámbito de competencia.
Lo anterior, para que se respete a los derechos humanos, la prevalecía del Estado de derecho y el cumplimiento de las resoluciones que pongan fin a los procedimientos jurisdiccionales.
Afirmó que, la corrupción judicial en México es generada y amparada por los actos de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial y ejemplificó con: policías, ministerios públicos o fiscales, jueces y responsables de las cárceles.
Precisó que, en la fiscalización del CJF, donde se perciben distintas formas de corrupción; e informó que, del primero de enero de 2019 al 31 de octubre de 2021, el CJF revisó mil 188 quejas y denuncias sobre personas funcionarias públicas.
También, auditó 36 áreas administrativas y realizó mil 347 seguimientos de evolución patrimonial, “lo que evidencia la existencia de distintas formas de corrupción”.
Agregó que entre 2019 y 2020 “Se concluyeron 63 auditorías, 12 de desempeño, 11 financieras, 13 integrales, 8 operacionales, 8 de obra y 2 de finiquito, derivado de las cuales se emitieron en total mil 225 acciones a 36 áreas administrativas del CJF”.
También indicó que, tras la implementación del Sistema de Control Interno Institucional entre 2019 y 2020 se concluyeron 63 auditorías que dieron por resultado mil 225 acciones a 36 áreas administrativas del CJF.
Mientras que en el periodo de 2019 a 2020 se observaron 48 mil 842 declaraciones patrimoniales y de intereses. Así como mil 280 estudios de evolución patrimonial, lo que generó 3 mil 626 dictámenes respecto a posibles incumplimientos en la presentación de las declaraciones y 431 informes presentados a la autoridad substanciadora por presunta responsabilidad administrativa.